La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la libertad con la que se desarrollarían las elecciones legislativas y de Presidencia este año.

"Nuestra preocupación central no es sobre la realización de la jornada de las elecciones. Nuestra preocupación central es sobre la libertad con la que se desarrollarán esas elecciones en el país. El riesgo no es la cancelación de las votaciones, sino la consolidación de una democracia meramente formal en algunas regiones que ignora el silencio obligado de las comunidades ante la gobernanza de los grupos armados", indicó la defensora Iris Marín Ortiz.

El órgano presentó su Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana 013-1, indicando que ha habido un 52% de cumplimiento en la prevención y la protección.

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Se ha cumplido en un 55% con la investigación y acceso a la justicia, 65% con las acciones de la fuerza pública para disuadir la amenaza, 29% para la articulación interinstitucional y 65% en la gestiones preventivas del Ministerio Público. 

“Esas once recomendaciones tuvieron un cumplimiento, según la información estatal recibida, del 42 por ciento. Y una desatención a las recomendaciones del 58 por ciento. La recomendación más rezagada, con cero cumplimiento, fue la del fortalecimiento y respaldo a las organizaciones políticas”, enfatizó la Defensora.

La coacción electoral se manifiesta con fuerza en las macrorregiones Caribe (Bolívar, Sucre, La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar y el Archipiélago de San Andrés y Providencia), Noroccidente (Antioquia, Córdoba y Chocó) y Suroccidente (Valle del Cauca, Cauca y Nariño), a través de amenazas, restricciones a la movilidad y la imposición de ‘normas de conducta’ que distorsionan la libertad del elector.

Sobre el llamado a la acción estatal

- En la ATE de 2025, la Defensoría hizo un llamado a la acción inmediata para 62 municipios a nivel nacional, pero el Informe de Seguimiento evidencia un aumento de 7 municipios: 69. 

- En la ATE de 2025 se hizo un llamado a la acción urgente para 162 municipios, el IS refleja un aumento de 6 municipios: 168.

- En la ATE fue hecho un llamado a la acción prioritaria para 425 municipios, en el IS aumentó este llamado 8 municipios: 433.

- En la ATE, un llamado a la observación permanente para 216 municipios; no obstante, en el IS se observa una disminución de 21 municipios: 195.

- En la ATE fue hecho un llamado a la acción ordinaria para 257 municipios; sin embargo, el IS da cuenta de que se mantuvo en el mismo número de municipios.

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La Defensoría del Pueblo también apuntó que durante este proceso electoral candidatos de derecha u oposición al gobierno tienen territorios vedados, mientras que quienes compiten por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) han tenido que someterse a “permisos” para poder movilizarse, les han regulado sus acciones proselitistas en zonas rurales y les han impuesto vetos.

Grupos fuente de amenaza

El autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), las autodenominadas Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos disidentes de las extintas Farc - Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) -, el autodenominado Nuevo Estado Mayor Central (EMC) y la autodenominada 'Segunda Marquetalia'.

También se constituyen como fuente de amenaza el grupo Comuneros del Sur, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el autodenominado Frente 57 (también disidente), grupos de criminalidad organizada, entre otros.

La Defensoría del Pueblo le pidió al Ministerio del Interior un liderazgo efectivo en el proceso electoral y al Ministerio de Defensa diseñar e implementar una estrategia integral de seguridad.

Asimismo, le pidió fortalecer la investigación y judicialización a la Fiscalía, así como a la Procuraduría verificar el cumplimiento de las recomendaciones a través de la Comisión Especial Temporal de Seguimiento.

Con información de la Defensoría del Pueblo